El presidente Javier Milei decidió aprobar el acuerdo con el FMI mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en lugar de enviarlo como proyecto de ley al Congreso. Esta decisión genera polémica, ya que restringe el accionar del Poder Legislativo y plantea dudas sobre su legalidad.
A diferencia de 2022, cuando el Congreso aprobó una ley que autorizaba el acuerdo con el FMI, el DNU tiene fuerza de ley inmediata y solo puede ser rechazado si ambas Cámaras votan en contra. Además, los legisladores no pueden modificar su contenido.
Críticos, como Martín Lousteau y Oscar Agost Carreño, advierten que este mecanismo impide conocer los detalles del acuerdo y el impacto en la economía. La Ley 27.612 exige que todo financiamiento con el FMI sea aprobado expresamente por el Congreso, lo que pone en duda la constitucionalidad del DNU.
