El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a dos exfuncionarios de Casa Rosada, Ariel Palmieri y Hugo Paz, implicados en el escándalo de coimas vinculadas al sistema de seguros estatales, en el que ya fue procesado el expresidente Alberto Fernández junto a más de 30 personas.
La investigación, basada en pruebas clave halladas en el teléfono de María Cantero, secretaria histórica de Fernández, reveló un esquema de sobornos pagados por empresarios como Héctor Martínez Sosa —pareja de Cantero y beneficiario de contratos millonarios— a funcionarios del gobierno. Las coimas eran canalizadas mediante cooperativas como “7 de Mayo”, y los fondos se disfrazaban como pagos legales por servicios inexistentes.
Uno de los principales acusados, Mauro Tanos, exgerente de Nación Seguros y proveniente de La Cámpora, habría recibido millones en sobornos para beneficiar a empresas como San Ignacio y San Cristóbal con pólizas de la ANSES. El empresario Alfredo Del Corro, vinculado a Tanos, también pagó viajes y propiedades en el extranjero.
Los mensajes de Cantero con Fernández, Rodríguez (intendente de la Quinta de Olivos), y Martínez Sosa dan cuenta de un plan sistemático para monetizar el poder político, autodenominándose “la PYME”. Esta organización informal apuntaba a controlar seguros y contratos estatales en varias provincias, con Tierra del Fuego como uno de los epicentros.
El juez consideró probado que Fernández conocía estas maniobras, aunque solo lo imputó por “negociaciones incompatibles con la función pública”, delito con penas de hasta seis años de prisión.
En definitiva, la causa judicial expone una trama de corrupción estructurada en el entorno más cercano al expresidente Alberto Fernández, centrada en la manipulación de seguros estatales para beneficio personal y de allegados. La figura de María Cantero emerge como pieza clave de enlace entre empresarios, funcionarios y el propio mandatario. La evidencia de sobornos pagados de forma sistemática, incluso con registros bancarios y comunicaciones explícitas, marca uno de los escándalos más comprometedores de la gestión anterior. La Justicia ahora deberá determinar las responsabilidades penales de los implicados, mientras la defensa del expresidente intenta enmarcar el caso como una persecución política.
