El gobierno de Javier Milei enviará al Congreso un nuevo Código Penal que endurece penas y amplía delitos, con especial énfasis en la corrupción, la seguridad pública y los crímenes contra el orden internacional. La reforma, elaborada por un equipo de especialistas liderado por Mariano Borinsky y Jorge Boumpadre, busca actualizar la normativa vigente desde 1921, expandiendo su extensión de 316 a 540 artículos e incorporando casi 1.000 leyes especiales.
Entre las principales modificaciones, se elimina la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos violentos graves, estableciendo un mínimo de 35 años de prisión efectiva para perpetua y 40 en casos de reincidencia múltiple. Se refuerza la protección legal para las fuerzas de seguridad, permitiendo el uso de la fuerza sin punibilidad en el cumplimiento del deber.
Se crean nuevos delitos como estafas piramidales y fraudes informáticos, incluyendo los cometidos con inteligencia artificial, con penas de hasta 7 años. Además, se agravan las condenas para motochorros (hasta 15 años), barrabravas (quienes también serán sancionados por impedir espectáculos deportivos o revender entradas), y piqueteros que bloqueen vías sin autorización (hasta 3 años).
La usurpación de tierras se castigará con penas de hasta 6 años y multas millonarias, aplicándose también a organizadores o instigadores. Se incrementan las sanciones por incendios intencionales, con penas de hasta 10 años, y 25 si hay víctimas fatales o lesiones graves.
En materia de corrupción, se establecen penas efectivas sin posibilidad de reducción y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El enriquecimiento ilícito se amplía a más funcionarios, y el lavado de activos tendrá sanciones de hasta 13 años con multas de hasta 20 veces el monto involucrado. Además, se prevé el decomiso anticipado de bienes en casos de delitos graves.
Los delitos sexuales también tendrán penas más severas, con condenas de hasta 20 años para violaciones agravadas. Se tipifican específicamente delitos como el uso de inteligencia artificial para pornografía infantil y grooming. La compraventa de niños tendrá penas de hasta 15 años para autores e intermediarios.
Finalmente, el Código incorpora un tercer libro sobre crímenes contra el orden internacional, regulando genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en línea con tratados internacionales.
