La investigación judicial en contra del Polo Obrero, encabezada por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, ha revelado un entramado complejo de corrupción y fraude en el manejo de fondos públicos destinados a políticas sociales.
El juez Casanello dictó el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y otros dirigentes, acusándolos de administración fraudulenta y embargándolos por $390 millones. La causa se basó en declaraciones de testigos con identidad reservada e imputados colaboradores que expusieron un sistema de extorsión y coerción hacia los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Estos testimonios revelaron que a los beneficiarios se les obligaba a participar en movilizaciones bajo amenaza de perder sus subsidios, y se les exigía el pago de «cápitas» mensuales.
La investigación también identificó un uso indebido de los fondos públicos. Se descubrió que parte de los $360 millones recibidos por el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor fueron destinados a empresas de facturación apócrifa y a una imprenta ligada al Partido Obrero, sugiriendo una triangulación de fondos para financiar actividades partidarias. Las pruebas incluyeron facturas falsificadas y la falta de rendición de cuentas de una gran parte del dinero recibido.
Además, la fiscalía ha solicitado nuevas indagatorias para exfuncionarios del Estado, incluido Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, por su presunta complicidad en la desviación de fondos. La investigación apunta a una «matriz de corrupción» en la que funcionarios públicos y dirigentes del Polo Obrero habrían colaborado para desviar los fondos destinados a políticas sociales hacia otros fines.
