La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal prevista para el 11 de agosto en Comodoro Py generó un fuerte rechazo de fiscales y jueces federales, quienes firmaron cartas alertando sobre la falta de presupuesto, planificación e infraestructura para aplicar el sistema acusatorio. Aunque coinciden en que el cambio es necesario, denuncian una implementación unilateral y apresurada del Gobierno, sin coordinación con el Ministerio Público Fiscal.
Todos los fiscales de primera instancia y del fuero penal económico advirtieron sobre graves deficiencias técnicas y operativas, como la escasa conectividad, equipamiento obsoleto y demoras en pericias digitales, que imposibilitan cumplir con los plazos del nuevo sistema. Temen que esas fallas terminen perjudicando su desempeño judicial.
En paralelo, el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer, declaró durante cuatro horas como testigo en una causa contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por presunto abuso de autoridad, en medio de tensiones procesales y acusaciones de intento de intimidación judicial por parte del Gobierno.
El Gobierno mantiene firme la fecha de implementación y considera la causa judicial como una ofensiva política. Sin embargo, se especula con la posibilidad de postergar la reforma para 2026, si se articula un reclamo diplomático desde la Procuración. Mientras tanto, crecen las tensiones internas por cargos clave en la nueva estructura y la falta de consenso institucional podría derivar en una implementación fallida.
