ganancias y jueces

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentó una demanda contra el Estado Nacional, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación. La demanda busca suspender la aplicación de la nueva reglamentación de la ley de Ganancias en los sueldos de jueces, fiscales, defensores y empleados que ingresaron a partir de 2017. Argumentan que la nueva ley es «inconstitucional» y «menoscaba derechos adquiridos».

El presidente de la Asociación, el juez federal Andrés Basso, afirmó que la nueva normativa afecta la intangibilidad de las remuneraciones y el funcionamiento del Poder Judicial. La presentación sostiene que el Poder Judicial no debe ser cómplice de los «caprichos» del Poder Legislativo y Ejecutivo, que esta normativa desconoce la división de poderes, y pide que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27743.

Históricamente, los jueces, fiscales y empleados judiciales no pagaban el impuesto a las Ganancias, salvo los que ingresaron desde 2017, acuerdo alcanzado durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, con la nueva ley, los descuentos aumentaron, afectando más a quienes ingresaron después de esa fecha, generando desigualdad.

La Asociación sostiene que la nueva normativa viola la garantía de intangibilidad de las remuneraciones y crea desigualdades y discriminación dentro del Poder Judicial. Además, argumentan que la ley 27743 incrementa sustancialmente el porcentaje retenido, contraviniendo principios constitucionales y afectando la independencia del Poder Judicial.

En conclusión, la demanda presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional busca proteger los derechos adquiridos de los jueces, fiscales, defensores y empleados judiciales ante la nueva reglamentación de la ley de Ganancias. La Asociación argumenta que la normativa es inconstitucional, afecta la intangibilidad de las remuneraciones y crea desigualdades dentro del Poder Judicial. La resolución de esta demanda tendrá implicaciones importantes para la independencia del Poder Judicial y la igualdad de trato de sus miembros en relación con el impuesto a las Ganancias.

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