La jueza de Garantías 1, María de las Mercedes Pereyra, enfrenta serios cuestionamientos por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) tras conceder la prisión domiciliaria al líder piquetero Carlos Barraza. Pereyra, acusada de parcialidad y graves irregularidades en su desempeño judicial, volvió a estar en el centro de la controversia este fin de semana por su decisión durante el receso judicial.
Carlos Barraza, detenido desde enero de este año por defraudación al Estado y otros delitos, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria gracias a un fallo de Pereyra que sorprendió y llamó la atención al hacerse público durante un fin de semana en medio de la feria judicial. La jueza aceptó una solicitud previamente planteada por José Galassi, abogado de Barraza, modificando así la prisión preventiva que pesaba sobre el dirigente del Movimiento Trabajo y Humildad.
Antecedentes de Irregularidades
El Superior Tribunal de Justicia había acusado a Pereyra de parcialidad y graves irregularidades mediante la resolución 274/19 del 13 de marzo de 2019. Esta resolución encomendó al procurador general Jorge Canteros formalizar la acusación ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, en base a la Ley 33-B (Digesto Jurídico), que estipula sanciones por actos reiterados de parcialidad y graves irregularidades en el procedimiento.
La resolución detalla que Pereyra ha incurrido en graves irregularidades procesales de manera insistente, lo que ha llevado a la anulación de sus decisiones por parte de la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de la Provincia en diversas causas. Estas acciones, caracterizadas por su arbitrariedad, revelan un patrón de conducta que daña gravemente la buena imagen del Poder Judicial y tiñen sus decisiones de sospecha por parcialidad manifiesta.
Abusos de Poder y Excesos Judiciales
El STJ también acusó a Pereyra de abusar de su poder, excediendo sus facultades y violando el principio de imparcialidad y objetividad. Se la acusa de invadir las funciones propias de los fiscales de investigación, obstaculizando su labor y quebrantando las reglas del proceso acusatorio. Esta conducta indica un alejamiento de su misión como Jueza de Garantías, cuyo rol es adoptar medidas de control en los procesos penales, no dirigir el proceso ni recolectar pruebas.
Las acusaciones sostienen que los abusos y errores de Pereyra han causado un daño significativo al servicio de justicia y han menoscabado su investidura. Estos despropósitos se repiten en todas las causas analizadas, configurando un patrón de mal desempeño que perjudica de manera grave e irreparable la buena imagen del Poder Judicial ante la sociedad.
La decisión de la jueza María de las Mercedes Pereyra de otorgar prisión domiciliaria a Carlos Barraza ha reavivado las críticas sobre su desempeño judicial. Acusada de parcialidad y graves irregularidades, su accionar continúa generando controversia y afectando la confianza en el sistema judicial.
