El gobierno denunció un esquema de corrupción y desvío de fondos de USD 3.400 millones a través de facturación de prestaciones médicas falsas, según el portavoz presidencial Manuel Adorni. Los casos, bajo la investigación del fiscal Guillermo Marijuán, incluyen la gestión de una pensión por discapacidad laboral con la radiografía de un perro y la posible existencia de hasta 500,000 pensiones fraudulentas.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sido criticada por gastos cuestionables como servicios de catering, impresión de remeras, festejos, y contrataciones de artistas, que no se alinean con su propósito de diseñar y coordinar políticas públicas en discapacidad. El listado de las últimas 52 contrataciones, que suman $37.746.943, destaca por su naturaleza, incluyendo un servicio gastronómico para el “Día de las Infancias”, adquisición de remeras y banners para la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, y la contratación del cantautor Ignacio Copani.
La ANDIS pasó de la órbita de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud bajo Mario Russo. Desde la llegada de La Libertad Avanza, se han recortado gastos considerados superfluos. Entre los expedientes pendientes de pago al final del mandato de Fernández, se encuentran contrataciones para eventos y campañas de accesibilidad por montos significativos.
La denuncia de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad revela un manejo cuestionable de fondos públicos y posibles irregularidades en la concesión de pensiones por discapacidad. Los gastos en eventos y contrataciones, aunque cumplidos formalmente, se consideran inapropiados dada la misión del organismo. Esta situación ha generado críticas sobre el uso de recursos destinados a personas con discapacidad y resalta la necesidad de una gestión más transparente y alineada con los objetivos del organismo.
