El gobierno de Javier Milei ha decidido avanzar con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema por decreto, una medida constitucional pero políticamente controvertida. Esta estrategia se debe a la falta de consenso en el Senado, donde no logró reunir los dos tercios necesarios para su aprobación formal.
El caso de Lijo es el más relevante, ya que tenía cierto respaldo de gobernadores peronistas, pero enfrentó resistencia de sectores del PRO, con Macri presionando en contra. Por otro lado, García-Mansilla no obtuvo dictamen de comisión y su candidatura no generó mayor impulso desde el Ejecutivo.
El uso del decreto tiene un antecedente en la gestión de Macri en 2015, aunque en aquel entonces los jueces designados esperaron la validación del Senado antes de asumir. En este contexto, Milei enfrenta críticas por eludir el proceso legislativo y tensiones políticas agravadas por recientes conflictos, como el caso $LIBRA y la abstención de Argentina en la ONU sobre Ucrania.
La incertidumbre sigue vigente, pero el gobierno podría publicar el decreto antes del sábado, buscando consolidar su postura sin depender del Congreso.
