El presidente Javier Milei ha anunciado su intención de firmar un decreto que declare a Aerolíneas Argentinas «sujeta a privatización», con el objetivo de transferir la aerolínea estatal al sector privado. Esta medida se fundamenta en el artículo 9° de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, y se publicará en el Boletín Oficial la próxima semana, seguido de su comunicación al Congreso para su tratamiento legislativo.
La decisión de privatizar Aerolíneas Argentinas surge en un contexto de prolongado debate legislativo, ya que no se llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados sobre su inclusión en los planes de privatización. A pesar de las tensiones, el Gobierno de Milei busca avanzar con esta iniciativa, en medio de conflictos laborales con los gremios aeronáuticos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la privatización argumentando que la aerolínea arrastra un déficit crónico desde su reestatización en 2008, que supera los 8,000 millones de dólares en aportes estatales. Adorni cuestionó la lógica de que todos los argentinos deban asumir este costo, y subrayó que Aerolíneas Argentinas tiene una estructura sobredimensionada con un número excesivo de pilotos en relación a su flota.
El oficialismo, por su parte, enfrenta una fuerte resistencia del peronismo y la izquierda, quienes cuestionan la falta de claridad en los procesos y garantías para la privatización. Diputados de Encuentro Federal manifestaron su rechazo, pidiendo más información sobre los controles y metodologías que se aplicarán en el proceso.
El decreto de Milei, que busca dar un cierre a la discusión sobre Aerolíneas Argentinas, plantea un desafío significativo en la relación entre el Gobierno y los sindicatos, que han llevado a cabo protestas contra la privatización. Mientras el debate se prolonga en el Congreso, el futuro de Aerolíneas Argentinas y la dirección de la política aerocomercial en el país están en juego, con posturas encontradas que reflejan la polarización en el contexto político argentino.
