Diputados y senadores de la oposición anticiparon que trabajarán para echar por tierra el veto a la ley que los propios senadores libertarios habían acompañado con su voto. La decisión del Presidente se conoce en medio de los reclamos por más fondos por parte de los gobernadores a la Casa Rosada
Javier Milei sorprendió. El Boletín Oficial de este martes incluyó el veto total a la Emergencia para la reconstrucción de Bahía Blanca por el temporal del 7 de marzo, que se cobró la vida de 16 personas. La noticia tomó por sorpresa a los impulsores de la iniciativa. No estaba en el radar de la oposición que el Presidente echara por tierra la ley que, en el Senado, incluso la bancada de La Libertad Avanza acompañó. Tanto en Diputados como en la Cámara alta, los bloques opositores se preparan para insistir con la ley sancionada en a comienzos de mes.
“¿¡Qué!?”, fue la respuesta de una de las diputadas de la provincia de Buenos Aires, que trabajó para que se sancionara la ley que crea un fondo especial de $200.000 millones, a fin de otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal, y para la construcción y reparación de viviendas afectadas. Al mismo tiempo, la ley establece que se podrá destinar a la infraestructura para la normalización de los servicios públicos y para la refuncionalización de actividades.Informate más
La iniciativa tenía como autora a la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio y en el Senado había sido aprobada por unanimidad el 7 de mayo. En esa instancia, los seis senadores del bloque libertario que preside Ezequiel Atauche habían votado a favor.
Pero la postura oficialista dio un giro de 180 grados en Diputados un mes después. A contramano de lo votado en el Senado, el texto recibió 32 votos en contra. Todos ellos de LLA. Ese fue el primer indicio de que la postura de Milei de vetar cualquier iniciativa que “atenta contra el equilibrio fiscal” también podría aplicarse con este texto.
De todas maneras, a la hora de vetar la ley, la Casa Rosada se escudó en el Decreto 238/2025, firmado el 31 de marzo, que creó un fondo especial de asistencia directa por la suma de hasta $200.000 millones, “destinado a otorgar subsidios para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones acaecidas el 7 de marzo de 2025”. Esto fue luego de que el Presidente visitara en persona las zonas afectadas.
El veto se produce menos de 24 horas después de que los gobernadores de todos los espacios políticos se reunieran en el CFI para hacerle llegar al presidente Milei una serie de reclamos vinculados en torno al reparto de fondos por parte de Nación.
Entre otros puntos, los mandatarios provinciales reclaman que se coparticipe un mayor porcentaje de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Se trata de aquellos fondos que –casualmente— buscan atender situaciones de emergencia y/o desequilibrios financieros de los distritos, como la que se vivió en Bahía Blanca.
De acuerdo a las estimaciones hechas por la consultora Politikon Chaco, de aplicarse la fórmula promovida por los gobernadores, en el período enero a mayo de 2025, se tendrían que haber repartido $214.949 millones (a precios corrientes) en lugar de los $ 80.500 millones que se distribuyeron efectivamente.
Es decir, la provincia que comanda Kicillof habría percibido un mayor volumen de fondos para paliar el impacto del temporal que el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, estimó en $400.000 millones.
La interna del PJ se coló en la emergencia bahiense
La decisión del oficialismo causó enojo entre los bloques opositores. En la UCR, por caso, no solo apuntaron contra Milei por el veto que, según le aseguraron a Ámbito, no le anticiparon. Sino que también fueron contra el PJ, a quien acusan de haber colado su interna en la emergencia de Bahía Blanca.
En este sentido, en la bancada radical recordaron que, antes de que se aprobara el texto de la kirchnerista Di Tullio en el Senado, la Cámara baja había aprobado su propio proyecto, que tenía como impulsora a Victoria Tolosa Paz y que, según aseguran en la Cámara baja «era mejor».
Es que el texto de la diputada que se muestra cercana a Kicillof no incluía el monto de $200.000 millones, como el de la senadora y que, al mismo tiempo, la ley de Tolosa Paz “era ordenadora del decreto”. En otras palabras, de haber prosperado el texto de la exministra de Alberto Fernández, “Milei se habría quedado sin excusa para vetar”. Ese proyecto, en cambio, había sido aprobado por unanimidad en Diputados, con LLA incluida.
Como fuera, desde diferentes bancadas de la oposición, con UP y la UCR a la cabeza, así como también Democracia para Siempre, avisaron que insistirán con la ley.
Vale recordar que, para blindar el veto en el Congreso, Milei necesitaría que, de mínima, un tercio del Senado lo ratifique. En el Senado, desde Unión por la Patria, así como también el radical Maximiliano Abad ya salieron a decir que insistirán con la ley aprobada por el Congreso.
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En concreto, en la Cámara alta (donde se debería iniciar el debate por la insistencia), Milei tiene apenas 6 de los 72 senadores, mientras que UP, por sí solo, reúne 34. Es decir, resulta muy difícil que el Presidente reúna 24 legisladores que sostengan con su voto el veto a la ley que ellos mismos aprobaron.
La advertencia de la UCR
Los bonaerenses Karina Banfi (diputada) y Maximiliano Abad (senador) emitieron un comunicado en el que remarcaron que “la ley no se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo: tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales”.
En este sentido, especificaron que “el Fondo Especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno Nacional”.
Asimismo, recordaron que la ley, que fue acompañada por prácticamente todos los bloques (salvo LLA en Diputados) “contempla el control parlamentario sobre las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo”.
Además, entre otras diferencias, la ley sancionada por el Congreso incluye a la localidad Coronel Rosales mientras que el decreto no la contempla.
Por lo pronto, Tolosa Paz presentará un pedido de informes para que se especifique que se hizo con los fondos.
