El presidente Javier Milei ha intensificado su ofensiva contra la Justicia Laboral, a la que acusa de proteger privilegios sindicales, frenar reformas del Gobierno y perjudicar a las pymes. Según el oficialismo, los jueces laborales han bloqueado medidas clave como los DNU 70, 340 y 430, y actúan con parcialidad a favor de los sindicatos.
En respuesta, el Gobierno analiza exponer públicamente a los magistrados, impulsar juicios políticos (jury) y acelerar el traspaso de juzgados nacionales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual permitiría mayor control político. Además, se pretende reformar el sistema de Riesgos del Trabajo ante el aumento récord de juicios, que según la UART, generan un altísimo costo económico y responden a incentivos judiciales y médicos distorsivos.
La jueza Moira Fullana es uno de los principales blancos de esta campaña, luego de sus fallos contrarios al Gobierno. También se discute sancionar a abogados laboralistas por presuntas prácticas abusivas y fraudulentas. Este conflicto recuerda la embestida que también protagonizó Mauricio Macri contra la llamada “industria del juicio”.
En definitiva, el Gobierno de Milei está decidido a confrontar directamente al fuero laboral, al que considera un obstáculo para sus reformas económicas y laborales. Apunta a “visibilizar” y eventualmente desplazar a jueces que, según su visión, protegen privilegios sindicales y desalientan la inversión. Este enfrentamiento político y judicial, que busca además reformar el sistema de litigios laborales, profundiza la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y anticipa un debate institucional sobre la independencia judicial, la protección de derechos laborales y los límites del poder presidencial.
