Ya se realizaron más de 80 mil auditorías médicas y se entregaron alrededor de 470.000 cartas documento por casos insólitos entre los beneficiarios.
El Ministerio de Salud de la Nación junto a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó una auditoría sobre las pensiones por discapacidad que reciben más de un millón de personas.
Entre los más de 1.800.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) que cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se detectaron casos insólitos que la gente llevó a cabo para poder cobrar esta ayuda económica.
Los casos más impactantes van desde certificados que indicaban «amputaciones» que no eran tales, una misma radiografía fue utilizada en 150 trámites; diagnósticos por «pie plano», una mujer que se disfrazó para hacerse pasar por su esposo, presos que se presentaron a la evaluación, y hasta muertos que seguían cobrando el beneficio estatal de 270 mil pesos mensuales.
Muchas de estas pensiones, alrededor del 80% fueron entregadas durante el mandato de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. En febrero, Nación envió las primeras 300.000 cartas documentos para poder dar inicio a las auditorias. A esta fecha, ese número se elevó a 470.000 mil intimaciones legales, de las cuales fueron entregadas 248.877.
Las escandalosas cifras
Las restantes que no se entregaron fue porque:
-El 70% no completó de manera debida la dirección dónde viven
– El 10% declaró desconocer a la persona que figuraba en la carta documento.
– 928 personas fallecieron, pero una persona cercana seguía percibiendo el beneficio.
– 11.000 beneficiarios se mudaron y no declararon la nueva dirección.
– 3.900 se negaron a recibir la intimación para someterse a una nueva evaluación médica.
– 100 renunciaron a la pensión tras haberla recibido la carta documento.
Hasta el momento, se realizaron 83.616 auditorías médicas y hay 128.600 programadas. Entre las irregularidades que se detectaron, se encontró que 212 presos cobraban la pensión y 331 prófugos de la justicia también eran beneficiarios.
Según datos recopilados por el mismo medio con información del ministerio de Salud, se indicó también que en Buenos Aires, Chaco y Formosa son las provincias en las que más irregularidades se encontraron. Desde suplantación de identidad de personas fallecidas, una radiografía que se utilizó para más de 100 trámites y el caso de Formosa, donde el 2,3% de la población cobra una ayuda económica, entre otras.
Con la quita de casi 220 mil pensiones como planea el Gobierno Nacional, esperan «generar un ahorro de 900 mil millones de pesos en 2025″, indicaron.
Ante irregularidades, el ADNIS podrá suspender las pensiones
Según datos del ADNIS, hubo un aumento desproporcionado en las pensiones durante gobiernos kirchneristas. Indicaron que se pasó de 80.000 a 1.050.00 entre 2003 a 2015 y llegó a 1.250.00 en el mandato de Alberto Fernández y siguió en aumento.
El año pasado, se firmó el decreto 842/2024 que establece un nuevo marco normativo para las Pensiones por Invalidez Laboral, donde se define que para acceder a la misma, se exige una incapacidad total y permanente del 76% o más, y crea un nuevo Cuerpo Médico Evaluador bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad.
A su vez, el decreto impone la obligatoriedad de actualización de datos y reinscripción de todos los beneficiarios y se le otorgó más autoridad al ADNIS para «suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas de irregularidades».
