Se trata de Eduardo Belliboni, quien fue acusado de desviar fondos públicos para financiar política partidaria.
Eduardo Belliboni fue procesado este lunes por el juez federal Sebastián Casanello, en la causa que investiga hechos de administración fraudulenta de fondos del Estado.
Para el magistrado, existen pruebas suficientes para sostener que el líder del Polo Obrero desvió fondos recibidos como parte del Plan Potenciar Trabajo para financiar actividades partidarias.
«El desvío de los fondos no fue inocente, ni accidental sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación», aseguró Casanello.
La maniobra habría sido ejecutada mediante la presentación de facturas truchas al Estado, y a través de la empresa fantasma Rumbos, proveedora de la Asociación Polo Obrero. Pero al investigar, el juez aseguró que dicha empresa no contaba con una actividad real y oficiaba como una «caja partidaria».
Casanello informó que incluso depositaron en la cuenta de la empresa recaudaciones llamadas «cápitas», es decir, aportes obligatorios que debían hacer los beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal.
Además, se investiga a la organización por el delito de «amenazas coactivas», ya que el magistrado consideró probado que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, que debían controlar el cumplimiento de las actividades de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, en la realidad les exigían que fueran a las marchas como requisito para no perder el plan.
En ese contexto, para Casanello existió además un «aprovechamiento de la posición de poder» que tenían los dirigentes del PO, obligando a los beneficiarios a una militancia partidaria.
El procesamiento incluye también a otras 17 personas, con diferentes acusaciones vinculadas a defraudación y/o amenazas. La pena por defraudación es de entre dos y seis años de prisión. Además, Belliboni fue embargado por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.
Fuente: Datachaco
