La Cámara de Diputados aprobó con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por la oposición. La medida busca ampliar las partidas presupuestarias para las universidades nacionales y recomponer los salarios docentes, que vienen perdiendo frente a la inflación. Ahora, el proyecto fue girado al Senado.
Aunque La Libertad Avanza (LLA) selló alianzas con algunos gobernadores de la UCR para frenar la iniciativa, estas no alcanzaron: incluso se evidenciaron fracturas internas tanto en el PRO como entre los radicales alineados con el oficialismo. El texto quedó a un voto de lograr los dos tercios necesarios para blindar un eventual veto presidencial, como ya ocurrió el año pasado.
Javier Milei reiteró su rechazo: “El superávit no se negocia”, adelantando la posibilidad de un nuevo veto. La Oficina de Presupuesto del Congreso no estimó el impacto fiscal, aunque la oposición lo calculó en 0,14% del PBI.
La sesión también abordó la situación del Hospital Garrahan y prepara el tratamiento de otras emergencias sanitarias y científicas, además de posibles emplazamientos para acelerar leyes impulsadas por gobernadores. Mientras tanto, se esperan intentos para revertir vetos presidenciales recientes y rechazar decretos firmados por el Ejecutivo.
La media sanción al financiamiento universitario representa una victoria política de la oposición en defensa de la educación pública, en un escenario atravesado por tensiones fiscales, realineamientos partidarios y señales contradictorias dentro de los bloques aliados al oficialismo. Aunque el presidente Milei ya anticipó su rechazo, el amplio respaldo legislativo evidencia un límite institucional a su política de ajuste.
El debate ahora se traslada al Senado, donde estará en juego no solo el futuro inmediato de las universidades públicas, sino también la solidez de los pactos políticos que sostienen al oficialismo. En este contexto, la agenda parlamentaria se convierte en el nuevo escenario de disputa entre un Congreso cada vez más activo y un Ejecutivo decidido a sostener su programa económico sin concesiones.
