El Juzgado de Faltas de Resistencia ha condenado a un varón a pagar una multa de $1.016.924,64, equivalente a cuatro salarios mínimos vitales y móviles de julio (valor de $254.231,91), tras hallarlo culpable de hostigamiento digital. Esta decisión se basa en las infracciones estipuladas en los artículos 68 y 139 Ter en función del Quater del Código de Faltas.
La resolución 314/24, firmada por la magistrada Marcela Cortes en el expediente 3.060/23, se refiere a una serie de hechos ocurridos en distintos meses de 2023. Durante este período, el condenado se comunicó con la víctima a través de redes sociales y correos electrónicos, hostigándola y amenazándola con difundir material íntimo.
En su resolución, Cortes subrayó la importancia de las obligaciones establecidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que insta a adoptar medidas para modificar patrones socioculturales que perpetúan la desigualdad de género. La jueza también hizo referencia a la Convención de Belém do Pará, resaltando su deber de «actuar con la debida diligencia» no solo para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, sino también para prevenirla.
Cortes destacó que actos como los juzgados no solo afectan directamente a la víctima, sino que también dañan al colectivo al que pertenece, cosificando a las mujeres y perpetuando formas de violencia profundamente arraigadas. La magistrada instó a la ciudadanía de Resistencia a tomar conciencia de que amenazas de difundir material íntimo están criminalizadas por el Código de Faltas provincial y son sancionables con arresto o multas, como la impuesta en este caso.
Esta resolución se presenta como un firme mensaje contra la violencia de género digital, reafirmando el compromiso del Poder Judicial en la protección de los derechos de las mujeres y en la erradicación de prácticas abusivas en el ámbito digital.
