La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió por tiempo indeterminado la orden de la jueza Loretta Preska que exigía a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, que ganaron un juicio por USD 16.099 millones. Esta decisión pone en pausa el ultimátum de 72 horas impuesto por Preska y elimina temporalmente el riesgo de desacato.
El Gobierno argentino presentó una apelación adelantada para evitar el embargo y continuar la defensa, alegando violaciones al derecho federal estadounidense, a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y advertencias del propio Departamento de Justicia de EE.UU. También argumentó que el cumplimiento del fallo sería inconstitucional y dañino para intereses públicos y privados, incluido el control estatal sobre YPF.
A nivel político, provincias como Chubut también anunciaron acciones legales en defensa de su participación en la empresa. En el plano financiero, la medida fue recibida como un alivio temporal por el mercado
En definitiva, la suspensión dictada por la Corte de Apelaciones representa una importante victoria momentánea para Argentina, que logra frenar una medida de alto impacto económico y simbólico. Sin embargo, el conflicto judicial sigue abierto y dependerá del fallo definitivo de un tribunal de tres jueces. La estrategia del Gobierno ahora se enfoca en ganar tiempo, evitar daños irreversibles sobre el control estatal de YPF, y sostener la defensa legal e institucional ante un fallo considerado lesivo para la soberanía del país.
