El empresario Lázaro Báez, ya condenado a 10 años de prisión en la causa por corrupción conocida como Vialidad, podría ver agravada su situación judicial debido a la reactivación de un expediente en la provincia del Chaco, vinculado a maniobras de evasión fiscal.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló su absolución previa en una causa por evasión tributaria y ordenó al Tribunal Oral Federal de Resistencia dictar una nueva sentencia, que podría sumar hasta 9 años más de cárcel a su condena actual.
El expediente investiga operaciones fraudulentas llevadas a cabo entre 2013 y 2015, a través de contratos simulados entre la firma de Báez, Austral Construcciones, y la constructora chaqueña Adelmo Biancalani, ya desaparecida, cuyos derechos hereditarios había adquirido. De acuerdo con estimaciones de la entonces AFIP, las maniobras permitieron evadir más de 60 millones de pesos en IVA y 11 millones en Ganancias, generando un daño fiscal equivalente a 4 millones de dólares.
La Sala IV de Casación, con los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, concluyó que la sentencia absolutoria se basó en una valoración arbitraria de la prueba, motivo por el cual ordenó su revocación. También están imputados en esta causa el socio de Báez, Julio Mendoza, y los administradores Claudio Bustos y Jorge Chueco.
Detenido actualmente en el penal federal de Río Gallegos, Báez se enfrenta ahora a un nuevo juicio en el Chaco, donde la Justicia deberá emitir un veredicto ajustado a derecho que podría extender aún más su tiempo tras las rejas.
