El proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado encendió la alarma entre los abogados laboralistas, quienes advierten que, de aprobarse tal como salió de Diputados, afectará seriamente el ejercicio profesional. Los principales cuestionamientos apuntan a los artículos 20 y 277 de la iniciativa que modifica la Ley de Contrato de Trabajo.
El artículo 20 incorpora la figura de la “pluspetición objetiva”, que podría hacer responsables solidarios a los abogados por las costas del juicio si el monto reclamado en la demanda resulta superior al finalmente reconocido por el juez. Según especialistas, esto implicaría que, aun sin intención dolosa o mala fe, un letrado podría ser condenado a pagar los gastos del proceso por la diferencia rechazada, algo que hoy solo ocurre en casos de temeridad o malicia comprobada.
Por su parte, el artículo 277 habilita el pago de sentencias laborales en cuotas: hasta seis para grandes empresas y doce para pymes. Los abogados advierten que esto afecta tanto a los trabajadores como a los profesionales, especialmente en casos de pacto de cuota litis, donde los honorarios dependen de lo efectivamente cobrado. Consideran que la medida vulnera el carácter alimentario de los honorarios y el derecho de propiedad.
Desde los colegios y asociaciones de abogados sostienen que la reforma es discriminatoria, ya que no prevé sanciones similares para los letrados que representan a empleadores, y anticipan que, de sancionarse, habrá planteos de inconstitucionalidad. Además, rechazan el argumento de la “industria del juicio” y señalan que la litigiosidad responde, en gran medida, a altos niveles de informalidad laboral.
En este contexto, el debate sobre la reforma no solo enfrenta a Gobierno y oposición, sino que también abre un nuevo frente con el sector de abogados laboralistas, que advierte sobre un posible impacto estructural en la práctica del derecho del trabajo.
