El caso Foster-Abduch se convirtió en un ejemplo emblemático de las graves falencias del fuero de Familia en la Argentina. En 2013, la madre de J.G., un niño de 4 años, denunció primero a su abuela paterna, Rosario Abduch, acusándola de abuso. Meses después, y pese a que la Justicia Penal la sobreseyó por inexistencia de delito, la progenitora realizó una segunda denuncia, esta vez contra el padre, Juan Foster, inventando incluso un secuestro.
Ambas causas penales fueron desestimadas con sobreseimientos por inexistencia de los hechos, no por falta de pruebas. El propio niño, en cámara Gesell y entrevistas, había declarado con claridad que su padre y su abuela no le habían hecho nada y que quería verlos. Sin embargo, pese a la absolución judicial, las medidas cautelares del fuero de Familia restricciones y prohibiciones de contacto produjeron un vacío de vínculos de casi tres años. Ese lapso fue decisivo para que la madre inculcara en el niño un discurso de rechazo hacia su familia paterna.
En 2017, cuando la Justicia ordenó iniciar la revinculación en un centro de salud mental, el niño manifestó por primera vez que “no quería ver a su padre”, sin poder dar razones. El informe de los profesionales detectó signos de manipulación materna, pero paradójicamente recomendaron postergar la revinculación, lo que profundizó el aislamiento.
Durante más de una década, la madre boicoteó toda terapia destinada a reconstruir el vínculo paterno, mientras acumulaba nuevas acusaciones sin pruebas. En paralelo, distintos organismos —como el Ministerio Público Tutelar advirtieron sobre la necesidad de trabajar en la deconstrucción del relato implantado en el niño, pero la justicia civil nunca actuó con firmeza.
En 2024, el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) emitió un informe polémico: entrevistó a las partes sin un verdadero conocimiento del expediente y dio por válidas las versiones de la madre, tratándola como “madre protectora” y sugiriendo que los abusos pudieron haber existido. Ese informe fue utilizado por la jueza María Celia García Zubillaga para negar la revinculación, alegando que el adolescente ya de 15 años no quería ver a su padre.
La situación es calificada por la familia paterna como kafkiana: aunque la Justicia Penal demostró que los hechos denunciados nunca existieron, el fuero de Familia terminó consolidando el alejamiento del niño de su padre y su abuela. Así, se legitimó en los hechos una falsa denuncia, con la consecuencia de que el menor creció sin contacto con toda su familia paterna y con una identidad distorsionada.
Tanto Foster como Abduch relatan el profundo daño emocional y afectivo que produjo esta inacción judicial. Hablan de una crueldad institucional que dejó al niño a merced de una versión ficticia, privándolo de la verdad y de su derecho a la identidad. Reclaman que se priorice la perspectiva de infancia y no la lógica binaria de género o de enfrentamiento entre padres para que la Justicia pueda actuar con herramientas diagnósticas adecuadas y proteger realmente a los chicos.
Hoy, doce años después, sin causas penales pendientes, la familia paterna sigue sin ver al niño. Mantienen la esperanza de que en algún momento, al alcanzar la mayoría de edad o emanciparse de la influencia materna, él mismo pueda reconocer la verdad y reconstruir el vínculo que le fue arrebatado por falsas denuncias y por la desidia del sistema judicial.
