La nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanza con pasos firmes. Según fuentes oficiales, los nuevos pliegos se publicarán entre octubre y noviembre de 2025, con el objetivo de adjudicar el contrato durante el primer semestre de 2026. Entre los principales cambios se destaca un plazo de concesión más corto, que pasará de 30 a 20 años, considerado el mínimo necesario para amortizar nuevas dragas y, al mismo tiempo, garantizar competencia y equilibrio.
El proceso incorporará mejoras técnicas solicitadas por el sector exportador y contará con una auditoría internacional a cargo de la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, con el fin de asegurar la transparencia. La hidrovía es estratégica para el comercio exterior argentino: por ella circula aproximadamente el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites, lo que representa unos 28.000 millones de dólares anuales.
El nuevo llamado deja fuera a empresas con control estatal extranjero, como las dragadoras chinas, por cuestiones de jurisdicción y soberanía. Además, se establece que todo el esquema será 100% privado: el cobro del peaje, las obras de dragado y la supervisión estarán a cargo del adjudicatario, con fiscalización activa del Estado junto a usuarios de la vía, prefectura y provincias.
En cuanto al esquema tarifario, se fijará un tope que no podrá superar el costo actual, con la expectativa de que las empresas compitan por debajo de ese valor. También se trabaja en una solución neutral para la deuda de 78 millones de dólares con Jan de Nul, que actualmente está a cargo de la Administración General de Puertos.
El contenido de los pliegos se discute en mesas técnicas que ya se realizaron en CABA, Santa Fe y Rosario, y continuarán en julio en Paraná y luego en Chaco o Corrientes. En cada encuentro participan entre 80 y 100 representantes de distintos sectores. A diferencia del proceso anterior, ahora se busca cerrar todos los puntos sensibles antes de lanzar la licitación, para evitar impugnaciones posteriores.
Se prevé una audiencia pública entre julio y agosto, tras lo cual se abrirá el llamado formal. Las empresas interesadas tendrán entre 60 y 90 días para presentar sus ofertas. Desde el Gobierno aseguran que el proceso será transparente, documentado y sin lugar para arbitrariedades. El foco está puesto en mejorar la logística, bajar costos para los productores y garantizar que el debate se dé ahora, antes del llamado definitivo.
