La jefa del bloque libertario aceptó modificaciones de último momento para reunir los votos. Los fondos para las provincias y la participación de los psicólogos fueron los principales puntos de tensión.
La reforma de la Ley de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado durante la madrugada de este viernes, con 42 votos a favor y 21 en contra. Sin embargo, para alcanzar ese resultado, Patricia Bullrich tuvo que negociar con los bloques aliados y aceptar cambios en el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El financiamiento de los servicios provinciales y la participación de los psicólogos en las decisiones sobre internaciones fueron los principales ejes de una discusión que se extendió hasta la madrugada.
La iniciativa había llegado a la sesión con diferencias que el oficialismo todavía no había conseguido resolver. Aunque La Libertad Avanza contaba con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas, varios senadores condicionaban su respaldo a la incorporación de garantías presupuestarias y modificaciones en la integración de los equipos profesionales.
El proyecto ya había sufrido cambios durante su tratamiento en comisiones, pero Bullrich debió aceptar nuevas modificaciones para asegurar su aprobación y posterior giro a la Cámara de Diputados.
La negociación expuso una dificultad para el Gobierno: conseguir respaldo para modificar las reglas de atención sin que las provincias deban asumir mayores responsabilidades con recursos propios.
Los fondos para las provincias, la principal concesión de Bullrich
El financiamiento fue uno de los puntos que más complicó las negociaciones. Los senadores de las provincias reclamaban que la reforma estableciera obligaciones concretas para el Estado nacional, ante el riesgo de que los nuevos dispositivos de atención y las mayores exigencias profesionales quedaran bajo responsabilidad de los gobiernos locales.
Bullrich aceptó reforzar la obligación de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La nueva redacción contempla la posibilidad de establecer convenios bilaterales para determinar los aportes destinados a implementar los cambios.
Los recursos deberán coordinarse en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) y estarán orientados al fortalecimiento del personal, los dispositivos comunitarios y el desarrollo de la telemedicina, entre otras necesidades.
La discusión tenía antecedentes en las comisiones. Varios legisladores habían firmado el dictamen de mayoría con disidencias porque consideraban insuficientes las garantías de financiamiento.
Por su parte, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen de minoría. La senadora jujeña Carolina Moisés cuestionó la posibilidad de ampliar las internaciones sin asegurar previamente la infraestructura y los profesionales necesarios.
“Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria”, sostuvo en declaraciones
