La Casa Rosada abrió negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores para evitar que la cámara Baja rechace el decreto, que ya fue desestimado por el Senado. El oficialismo evalúa ceder en la discusión sobre tierras rurales dentro de la Ley de Propiedad Privada para preservar el resto de la norma
El Gobierno inició contactos con bloques aliados y gobernadores para blindar el DNU 70/2023 en el Congreso después de que el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras reactivara los intentos opositores para rechazar el decreto en Diputados. En la Casa Rosada reconocen que el tema volvió a generar una dificultad política, pero consideran que tienen margen para negociar durante los próximos meses.
“El DNU lo vamos a blindar. Ya arrancamos los contactos con bloques y gobernadores para que acompañen”, aseguran en el Ejecutivo. La estrategia apunta principalmente a evitar que Diputados se sume al rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024, condición necesaria para que el decreto pierda vigencia bajo el régimen actual.
La Ley 26.122 establece que un DNU queda derogado cuando es rechazado expresamente por las dos cámaras. El Senado votó contra el 70/2023 por 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones, pero la Cámara de Diputados nunca completó ese procedimiento. Por eso, el decreto continúa vigente en los puntos que no fueron modificados posteriormente por leyes o decisiones judiciales.
El nuevo movimiento se produjo después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado el artículo 154 del decreto, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El máximo tribunal concluyó que el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para impulsar la acción en los términos planteados.
La Corte no resolvió sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación de la Ley de Tierras. El efecto inmediato de su decisión es que vuelve a quedar operativa la eliminación del régimen que fijaba límites a la propiedad y posesión de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
En la Casa Rosada consideran el fallo jurídicamente favorable, aunque admiten que volvió a instalar una discusión que había generado resistencias en el Congreso. “El mensaje es claro: que definamos con más acuerdos este tipo de temas y que no les lleguen a ellos”, interpreta un funcionario que participa de la estrategia legislativa.
La evaluación política es que la controversia reapareció en un momento manejable para el oficialismo. “Tenemos tres meses para debatirlo y arreglarlo. En campaña hubiera sido peor”, expresan en Nación. El Ejecutivo pretende resolver la situación antes de que la agenda electoral de 2027 reduzca el margen para alcanzar acuerdos parlamentarios.
Uno de los instrumentos que el Gobierno contempla para negociar es el proyecto de Ley de Propiedad Privada, que ya tuvo tratamiento en el Senado. Durante esa discusión, el oficialismo debió retirar los cambios sobre la Ley de Tierras ante las objeciones de bloques aliados que necesitaba para aprobar el resto de la iniciativa.
Ahora, una alternativa que analizan en el oficialismo es aceptar que los aliados mantengan restricciones a la extranjerización de tierras dentro de ese proyecto a cambio de evitar el rechazo del DNU 70/23. “Podemos entregar la Ley de Tierras a cambio de que nos acompañen en ratificar el decreto”, explican cerca de la conducción parlamentaria. La negociación todavía no está cerrada.
La lógica consiste en separar ambas discusiones. El Gobierno podría permitir que el Congreso defina por ley un régimen específico sobre tierras rurales sin trasladar esa disputa al conjunto del DNU, que contiene numerosas reformas regulatorias impulsadas desde el comienzo de la gestión de Milei.
En Balcarce 50 sostienen que la eventual caída integral del decreto tendría consecuencias sobre múltiples marcos regulatorios y utilizan ese argumento en las conversaciones con los aliados. El DNU introdujo modificaciones en alquileres, comercio, servicios, salud, sociedades, actividad aerocomercial y distintas regulaciones económicas, entre otras áreas.
El oficialismo habla en ese sentido de un problema de “seguridad jurídica”. La Ley 26.122 dispone, de todos modos, que ante el rechazo de un DNU quedan a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. La discusión política y jurídica se concentraría principalmente en qué régimen se aplicaría hacia adelante en aquellas materias que continúan dependiendo del decreto.
Dentro del Gobierno también admiten que la discusión por la Ley de Tierras fue políticamente desfavorable. Un funcionario reconoce que el tema produjo un costo para el oficialismo y sostiene que no existía margen para defender sin modificaciones la eliminación de las restricciones a compradores extranjeros. En ese sector consideran que insistir con esa posición podría volver a concentrar a distintos bloques opositores contra el Ejecutivo.
Por eso, la prioridad no pasa ahora por sostener sin cambios la política sobre tierras, sino por impedir que esa controversia se convierta en el vehículo para rechazar todo el DNU. La oposición comenzó a promover una nueva votación en Diputados después del fallo de la Corte y distintos legisladores reclamaron avanzar con una sesión para completar el rechazo iniciado por el Senado.
La Casa Rosada busca adelantarse a ese escenario con una negociación en dos carriles: abrir la discusión sobre la Ley de Tierras dentro del proyecto de Propiedad Privada y, al mismo tiempo, conseguir que aliados y gobernadores no acompañen un rechazo integral del DNU 70/23. El objetivo oficial es sacar ambos temas de la agenda antes de que comience de lleno la campaña electoral de 2027.
