La resolución, firmada por el juez Juan Ramos Padilla, se dictó a poco más de un año de la detención de José Alperovich en el penal de Ezeiza.
l tres veces gobernador de Tucumán, José Jorge Alperovich, comenzará a cumplir arresto domiciliario luego de haber pasado un año detenido en el penal federal de Ezeiza, condenado por abuso sexual agravado contra su sobrina y exsecretaria. A través del fallo que lo condenó en 2023, se determinó que fue culpable de nueve hechos de abuso sexual: seis con acceso carnal y tres en grado de tentativa, cometidos en un contexto de subordinación y abuso de poder, tanto político como familiar.
Según resolvió la Justicia, Alperovich será trasladado a un departamento de su propiedad en Puerto Madero, donde deberá cumplir el resto de la condena bajo vigilancia electrónica, con controles periódicos y supervisión judicial constante. Ese lugar figura en el expediente como uno de los sitios donde ocurrieron los primeros abusos denunciados.
La resolución fue firmada por el juez Juan María Ramos Padilla, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de Capital Federal, que le concedió la domiciliaria bajo una caución real de $400 millones. Al mismo tiempo, se le retuvo el pasaporte y tiene prohibido todo contacto, ya sea directo o indirecto, con la víctima o su familia, incluso a través de terceros. Tampoco podrá hacer declaraciones públicas que la mencionen o la busquen desacreditar.
Ramos Padilla explicó en los fundamentos que “el arresto domiciliario no es un beneficio excepcional ni un acto de clemencia, sino una herramienta legal que se aplica bajo condiciones específicas”. Y agregó: “Espero que Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad”.
Durante el proceso, la defensa de Alperovich pidió en dos ocasiones cambiar las condiciones de detención, pero los tribunales rechazaron ambos pedidos y la Cámara de Casación Penal confirmó esa decisión.
Así fue la causa por abuso sexual que puso a Alperovich en el banquillo
El 22 de noviembre de 2019, una mujer presentó una denuncia contra el exgobernador de Tucumán, acusándolo de abuso sexual agravado. Por intermedio de una carta abierta, la denunciante explicó: «No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido«.
Afirmó haber sido “violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019”. En ese tiempo sufrió “violaciones a mi integridad física y sexual”, con abusos cometidos en ámbitos familiares, laborales y personales.
Sumado a eso, la denuncia señala nueve hechos de abuso, seis con acceso carnal y tres en grado de tentativa, todos en un contexto de subordinación y abuso de poder político y familiar. Dos de esos hechos ocurrieron en el departamento de Alperovich en Puerto Madero, y los más graves en Tucumán.
A criterio de la abogada que representa a la víctima, Carolina Cymerman, la denunciante sufrió un “avasallamiento demoledor” que afectó profundamente su salud física y mental: “Empezó a sufrir un deterioro físico progresivo que incluía caída del cabello, pérdida de peso, ataques de pánico y trastornos de sueño», dijo la víctima en el juicio. Relató también que su abusador la humillaba delante de terceros con frases de doble sentido, como “levántate que te voy a hacer transpirar” y “pórtate bien porque si no te voy a tocar las tetas”.
La defensa de Alperovich negó las acusaciones, afirmando que la denunciante mentía y que existía un móvil político y económico detrás del caso. Declaró: “Soy un muerto en vida, gracias a Dios tengo a mi familia. Vengo a que se saquen todas las dudas, vengo a dar la cara”.
Desde la fiscalía calificaron el caso como un juicio a la impunidad del poder, al señalar que Alperovich “usó su fuerza física y abuso de poder para reducir a la víctima a un objeto de satisfacción sexual”. El proceso continúa y es seguido de cerca por organismos de derechos humanos y colectivos feministas, que reclaman el cumplimiento estricto de las restricciones y medidas de protección dictadas para la denunciante.
MV / Gi
