El presidente Javier Milei avanzó con un proyecto de reforma laboral de fuerte perfil restrictivo, diseñado por Federico Sturzenegger, tras fracasar los intentos de negociación con los gremios y con sectores dialoguistas del propio Gobierno. La iniciativa, enviada sin consensos previos, busca debilitar el poder sindical mediante límites a la negociación colectiva, a las afiliaciones y a la cuota solidaria, además de reducir aportes patronales a las obras sociales, con un fuerte impacto financiero.
El Gobierno pretende un tratamiento exprés en el Senado, lo que generó malestar en la oposición y tensiones dentro del radicalismo. En el peronismo y la CGT, el proyecto cayó como una bomba: los sindicatos acusan al Ejecutivo de avanzar sin acuerdo y se preparan para movilizarse en Plaza de Mayo, mientras intentan frenar la iniciativa en la Cámara alta, donde ya no cuentan con poder de bloqueo propio.
En este escenario, los gobernadores provinciales se vuelven actores clave. La Casa Rosada negocia apoyos a través de recursos y acuerdos presupuestarios, mientras la CGT busca incidir sin demasiadas herramientas. La reforma se convierte así en una prueba de fuego tanto para Milei como para los mandatarios provinciales, en paralelo al debate por el Presupuesto.
El tratamiento legislativo se da en un contexto económico y social complejo: crecen la inflación, el desempleo y la preocupación social, mientras el Gobierno acelera reformas estructurales en sesiones extraordinarias. En paralelo, el peronismo atraviesa tensiones internas y prepara una cumbre de gobernadores para redefinir su estrategia política y su relación con la conducción partidaria.
