El Gobierno no logra cerrar la polémica por las estadísticas oficiales tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec. Javier Milei interpretó un intento de “emboscada” y rechazó cambios metodológicos en el IPC, priorizando evitar un sobresalto inflacionario que complique su plan económico. La salida de Lavagna dejó malestar político generalizado y abrió un fuerte cuestionamiento a la credibilidad de los datos oficiales, justo cuando crece la conflictividad social y sindical.
La falta de actualización de la canasta de precios reavivó dudas sobre inflación, pobreza, salarios y actividad económica. Informes privados advierten que mantener la metodología actual genera ahorro fiscal significativo, pero a costa de subestimar la caída del salario real y quedar rezagados frente a otros países de la región. El tema ya llegó al Congreso con proyectos para dar autarquía al Indec y denuncias judiciales contra el ministro Luis Caputo.
En paralelo, el Gobierno apuesta todo a lograr la media sanción de la reforma laboral, donde la discusión es más fiscal que técnica. Gobernadores y aliados reclaman cambios para no afectar la coparticipación y las cuentas provinciales. Patricia Bullrich tiene un plazo clave para definir qué modificaciones acepta Milei. La Casa Rosada intenta asegurar los votos y evitar que el debate artículo por artículo haga caer puntos sensibles del proyecto.
La CGT aparece debilitada, con pocos votos asegurados y sin capacidad de bloqueo real, mientras los gobernadores negocian directamente con el Gobierno, incluso en un contexto de fuerte caída de transferencias nacionales. El oficialismo combina presión política con transferencias selectivas de fondos previsionales para sostener apoyos.
En el plano político opositor, el peronismo logró un acuerdo de unidad en la provincia de Buenos Aires: Axel Kicillof quedó al frente del PJ bonaerense, con un reparto de poder que deja a Máximo Kirchner con espacios clave pero sin control total. Es un primer paso para ordenar la oposición, aunque persisten tensiones territoriales.
El Gobierno enfrenta así un escenario complejo: dudas sobre las estadísticas, salarios golpeados y creciente protesta social, mientras busca capitalizar avances legislativos clave (reforma laboral y régimen penal juvenil) en un contexto de oposición fragmentada.
