Menos de un cuarto de los jefes provinciales que firmaron el acuerdo en el 2024 preveían anoche viajar para la vigilia oficial del 9 de julio. Se complica el escenario en el Congreso para el Ejecutivo
A un año del Pacto de Mayo, la relación entre el presidente Javier Milei y los gobernadores se ha deteriorado profundamente. De los que asistieron al acto fundacional en 2024, menos de un cuarto planeaban participar en la vigilia del 9 de Julio de 2025 en Tucumán. La razón principal es el descontento de los mandatarios provinciales ante la falta de respuesta del Gobierno nacional a sus reclamos por un reparto más equitativo de los recursos, especialmente los fondos fiduciarios y coparticipables.
Los gobernadores presentaron dos proyectos en el Senado para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Esta movida busca compensar la caída de ingresos provinciales producto de la recesión, y amenaza con romper el apoyo político que hasta ahora sostenía el programa de Milei. Además, se suma la tensión por una posible votación para actualizar las jubilaciones, que el Gobierno ya anticipó que vetará.
El acto de Tucumán se desarrolla en un contexto de fractura política, con varios gobernadores de JxC y partidos provinciales bajándose del evento. Solo un puñado confirmó su presencia. La falta de diálogo con Milei, sumada a una interna creciente dentro del Gobierno entre los grupos que lideran Karina Milei, Lule Menem y Santiago Caputo, ha profundizado la incertidumbre y debilitado la interlocución con las provincias.
Mientras tanto, Milei ha mantenido un bajo perfil en las relaciones con las provincias, sin buscar activamente acuerdos ni respuestas a las propuestas provinciales, lo que genera malestar incluso entre aliados. La amenaza de que el Ejecutivo pierda su herramienta clave —el veto— si las provincias y la oposición se alinean, representa un serio desafío para la gobernabilidad
En definitiva, el aniversario del Pacto de Mayo expone la fragilidad del vínculo político entre el Gobierno de Milei y los gobernadores, erosionado por la falta de diálogo, distribución desigual de fondos y el desgaste institucional. Lo que comenzó como una alianza clave para aprobar reformas estructurales, hoy se encuentra al borde de la ruptura. La desatención presidencial a las demandas provinciales y la creciente tensión interna en la Casa Rosada agravan el escenario, dejando en evidencia un riesgo real para la estabilidad política y fiscal del país.
