Tras la media sanción en el Senado de la reforma laboral, el empresariado quedó dividido. En la Casa Rosada celebraron la aprobación y anticiparon nuevas reformas estructurales como la tributaria que podrían anunciarse el 1° de marzo, al considerar que la ley reducirá la litigiosidad, dará previsibilidad y fomentará el empleo formal.
La UIA respaldó la iniciativa y destacó cambios como límites a la conflictividad sindical, mayor claridad en indemnizaciones, creación de un Fondo de Cese Laboral, banco de horas y reducción de cargas, asegurando que se trata de un “cambio estructural” que beneficiará especialmente a las PyMEs industriales.
Sin embargo, desde el sector PyME predomina el escepticismo. Empresarios sostienen que sin reactivación del consumo y del mercado interno, la reforma tendrá escaso impacto real en el empleo. También cuestionan que la ley mantenga y amplíe aportes obligatorios como el destinado al INACAP, al que señalan por falta de transparencia y por representar un mayor costo laboral.
Así, mientras el Gobierno y las grandes cámaras celebran la medida como un paso hacia la modernización laboral, buena parte de las pequeñas y medianas empresas advierte que sin demanda, crédito y crecimiento económico, la reforma difícilmente modifique la situación productiva actual.
