El artículo 44 de la reforma laboral, impulsado por el Ejecutivo y vinculado a las licencias médicas, se convirtió en un error político que reactivó a una oposición que hasta entonces se mostraba desarticulada. La iniciativa, atribuida a Patricia Bullrich, generó fuertes críticas y obligó al Gobierno a retirarla para evitar mayores costos en Diputados.
El traspié no solo tensó la relación con aliados incluso el PRO tomó distancia, sino que también alteró la estrategia parlamentaria oficialista, obligando a recalcular apoyos en un escenario ajustado. Mientras el dictamen de la reforma sigue encaminado, el episodio dejó al descubierto fragilidades en la construcción de consensos.
En paralelo, la CGT convocó a un paro general para el mismo día del debate en el recinto, presionada por sus bases. La discusión pública también cambió de tono: según estudios de opinión, la reforma dejó de percibirse como una “modernización” y pasó a leerse como una disputa de poder, con crecimiento de sectores que desconfían tanto del Gobierno como de los sindicatos.
El debate se da en un contexto económico complejo, con caída en la actividad industrial, cierre de empresas y pérdida de empleo registrado. Mientras el oficialismo defiende la reforma como herramienta para flexibilizar el mercado laboral, sectores sindicales y parte de la oposición advierten sobre el impacto social y el deterioro del poder adquisitivo.
Así, el traspié con el artículo 44 no solo obligó al Gobierno a retroceder en un punto sensible, sino que reconfiguró el clima político en la antesala de una votación clave.
