La reforma laboral aprobada en el Senado crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema obligatorio al que las empresas deberán aportar entre 1% y 2,5% de su masa salarial para financiar indemnizaciones. Se estima que podría reunir unos u$s3.000 millones anuales.
En el mercado financiero surgieron sospechas de que ese fondo —aunque será administrado por entidades privadas— pueda terminar financiando al Tesoro mediante la compra de deuda pública, en un contexto donde el ministro Luis Caputo busca mayor financiamiento interno y enfrenta fuertes vencimientos en pesos y dólares.
Las críticas provienen tanto del kirchnerismo como de economistas liberales. Cuestionan la obligatoriedad del aporte y advierten el riesgo de que el Estado utilice esos recursos para cubrir necesidades fiscales, recordando antecedentes como el Plan Bonex, las inversiones forzadas de las AFJP en bonos públicos y la reestatización del sistema jubilatorio en 2008.
Aún faltan definiciones clave, como si los fondos serán cuentas individuales y si habrá límites a la inversión en deuda estatal. La preocupación central es que el FAL termine siendo un financista involuntario del Tesoro en medio de un escenario de alta necesidad de financiamiento público.
