El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales generó un fuerte malestar en el sector de la construcción, los sindicatos y las provincias. La medida forma parte del plan de reestructuración del Estado impulsado por el presidente Javier Milei y busca, según fuentes oficiales, generar un ahorro fiscal estimado en 100 millones de dólares anuales. Sin embargo, desde distintos sectores advierten que el impacto podría ser mucho más costoso en términos de infraestructura y seguridad vial.
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó que el mantenimiento anual del sistema vial nacional y provincial cuesta aproximadamente 4.213 millones de dólares, mientras que recuperar una infraestructura deteriorada podría requerir más de 40.000 millones. La falta de inversiones ya comienza a notarse: en 2024, casi el 30% de las rutas nacionales estaba en mal estado, cifra que se agravó en 2025 con una caída del 75% en la inversión vial respecto a años anteriores.
El nuevo esquema implica que el Ministerio de Economía tomará el control de las licitaciones y planificación vial, mientras que la Gendarmería se encargará del control en rutas y una nueva agencia supervisará las concesiones. Este modelo, que remite al aplicado en los años 90, despierta temores sobre aumentos en los peajes y pérdida de control sobre la calidad del servicio.
Desde sindicatos como STVyARA y la CGT hasta funcionarios provinciales como Gabriel Katopodis, se critica el abandono del rol del Estado en una infraestructura estratégica y se alerta sobre el deterioro acelerado de rutas claves en todo el país. La situación es especialmente crítica en obras paralizadas como las de las rutas 7, 34, 33, 188 y en accesos a ciudades como Bahía Blanca y Chacabuco.
En definitiva, el intento del Gobierno de reducir el gasto público mediante la privatización y concesión de la red vial nacional genera una gran incertidumbre sobre la viabilidad, seguridad y sustentabilidad del sistema vial argentino. La falta de mantenimiento y de inversión pública ya muestra consecuencias visibles, mientras que especialistas y referentes del sector advierten que el costo de no invertir hoy se multiplicará exponencialmente en el futuro. Sin una regulación clara y una planificación técnica robusta, el riesgo es avanzar hacia un modelo de rutas deterioradas, peajes elevados y creciente inseguridad vial.
