La reforma laboral del gobierno de Javier Milei será votada en el Senado el 11 de febrero, pero su aprobación definitiva está en duda por el capítulo impositivo, en especial la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas, que es rechazada por los gobernadores por el impacto negativo en la recaudación provincial.
Aunque el oficialismo confía en aprobar el proyecto en general, no tiene asegurados los votos para ese punto en particular, lo que abrió una negociación interna y con las provincias. Entre las alternativas en análisis aparecen: eliminar directamente el artículo, postergar la rebaja hasta 2028, condicionarla al crecimiento económico, aplicarla de manera gradual o llevar el proyecto al recinto sin cambios, opción impulsada por el ala más dura del Gobierno.
Los gobernadores sospechan que Milei podría avanzar sin modificaciones y, si el capítulo fiscal cae, responsabilizarlos políticamente por frenar la baja de impuestos prometida. Mientras tanto, en el Senado se discuten ajustes menores —como cambios en el Fondo de Asistencia Laboral—, pero todos coinciden en que la definición final depende de la Casa Rosada.
En síntesis, la reforma laboral se encamina a ser aprobada en términos generales, pero el alcance final del proyecto sigue abierto y la rebaja de Ganancias se convirtió en el principal obstáculo para cerrar un acuerdo político.
