El titular de ANSES en Chaco y presidente provincial del partido La Libertad Avanza, Alfredo “Capi” Rodríguez, fue imputado por 40 hechos de falsificación de instrumento público agravada por su rol como funcionario, en concurso real con abuso de autoridad. La investigación, encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini, reveló un entramado de maniobras fraudulentas que involucra la utilización de datos personales sensibles, presiones a empleados públicos y afiliaciones partidarias truchas.
De las 45 personas que figuran como afiliadas al partido, 40 aseguraron nunca haberse inscripto, lo que representa un 89% de casos fraudulentos. Muchas de las víctimas son personas en situación de vulnerabilidad: adultos mayores, ciudadanos con enfermedades motrices, analfabetos y personas con escaso acceso a la información. Para el fiscal, este patrón demuestra una selección intencional de víctimas incapaces de advertir el uso indebido de su identidad.
Rodríguez, además de ser la cara visible de La Libertad Avanza en Chaco, tenía acceso directo a las bases de datos de ANSES. Según la fiscalía, utilizó esa información confidencial para realizar afiliaciones políticas falsas, imitando firmas y completando planillas sin consentimiento de los supuestos afiliados.
La causa se inició tras denuncias de empleados de ANSES y PAMI, quienes declararon haber sido extorsionados para aportar dinero al partido bajo amenaza de despido o exclusión de cargos. Un testigo clave, el médico Gerardo Delgado Belaunzarán, confirmó estas prácticas y señaló como beneficiaria directa a Silvia Arolfo, actual directora de PAMI en la provincia.
En paralelo, la vicepresidenta del partido, Ileana Leticia Aguirre, denunció irregularidades internas como el manejo arbitrario de fondos, el incumplimiento de la Carta Orgánica y la concentración de poder en manos de Rodríguez. Señaló que los aportes eran canalizados a través de la Fundación Ideas de Libertad, mientras que ANSES y PAMI eran utilizados de forma informal como herramientas de poder político.
Ante la gravedad de los hechos, el fiscal Sabadini amplió el requerimiento de instrucción, ordenó nuevas medidas probatorias y recibió declaraciones espontáneas de testigos tras la difusión del caso en los medios.
En definitiva, el caso expone un grave abuso del aparato estatal con fines partidarios, donde se combinan la manipulación de datos públicos, la falsificación de documentos y la coerción a trabajadores estatales. De comprobarse las acusaciones, el accionar de Rodríguez y sus colaboradores no solo compromete la transparencia del sistema político, sino también la confianza en instituciones clave como ANSES y PAMI. La causa sigue su curso y podría derivar en nuevas imputaciones y detenciones en las próximas semanas.
